lunes, 8 de abril de 2019

Naciones Unidas y Gobierno de México firman acuerdo para esclarecer caso Ayotzinapa

Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmó con el Gobierno mexicano el Acuerdo de Asesoría y Asistencia Técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, con el objetivo de alcanzar la verdad y la justicia en los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 contra 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos así como de otros crímenes perpetrados en relación a este caso.

“Felicito al nuevo gobierno por la apertura y su compromiso de colaborar en el restablecimiento del caso con organismos internacionales de derechos humanos. Es una obligación del Estado mexicano llegar a la verdad y a la justicia, la reparación de daños y a las garantías de no repetición. A la vez es una oportunidad de potencializar los cambios de fondo en el sistema Judicial que permitan alcanzar la justicia de quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos”, aseguró Bachelet.

Además consideró que en la nueva etapa del caso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contribuirá para que se vean los progresos, reconocerá los compromisos realizados con las familias de las víctimas y alertará cualquier incumplimiento.

Marcelo Ebrard reiteró que el acuerdo significa un compromiso y ratifica que no habrá límite para llegar a la verdad y a la justicia del caso Ayotzinapa. “Es muy relevante que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Michelle Bachelet respalden este proceso y también exijan que este proceso sea conforme a las más altas y exigentes normas a nivel internacional”, manifestó.

En la sede de la cancillería, en presencia de los familiares de los estudiantes desaparecidos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la comisionada Michelle Bachelet firmaron el acuerdo que brindará asesoría y asistencia técnica a la Comisión creada por el decreto que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, a la verdad y al acceso a la justicia.

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