La Secretaría de la Función Pública (SFP) ya investiga a diez súper delegados nombrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes han sido denunciados por el posible uso indebido de programas sociales y por su indebida intervención en el proceso de sucesión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Los funcionarios investigados son los súper delegados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, así como del ex súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, así lo informó Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia.
Recordó que el uso de programas sociales con fines electorales ya es considerado un delito grave, lo que significa que si se inicia un proceso penal en su contra, tendrán que enfrentarlo desde la cárcel.
“En congruencia con el compromiso de hacer realidad esta auténtica democracia que estamos construyendo, estamos procesando doce denuncias en contra de diez delegados estatales de programas para el desarrollo”.
“Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, indicó durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
Sobre Carlos Lomelí informó dos de sus empresas (Lomedic y Laboratorio Solfran) fueron inhabilitadas por dos años y medio en los que no podrán ser contratadas por los gobiernos de todos los niveles; también se les aplicaron multas moratorias. Además, añadió, el ex súper delegado participó ayer en una audiencia, pues también se le investiga como persona.
A pregunta expresa, Irma Eréndira Sandoval precisó que no existe alguna investigación contra Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo. “No que yo tenga información al respecto”, indicó en entrevista posterior a su comparecencia.
Los diputados del PAN portaron máscaras de Manuel Bartlett y colocaron una manta en el centro de la tribuna de San Lázaro, en demanda de que la secretaria ofreciera resultados de la investigación abierta contra el titular de la CFE, por presuntamente no declarar una veintena de casas. En respuesta, la funcionaria aseguró que, si bien, no hay “intocables” en esta administración tampoco se puede perseguir a alguien “a priori”.
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