Investiga la Función Pública a diez súper delegados por uso indebido de programas sociales

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ya investiga a diez súper delegados nombrados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes han sido denunciados por el posible uso indebido de programas sociales y por su indebida intervención en el proceso de sucesión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los funcionarios investigados son los súper delegados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, así como del ex súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, así lo informó Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia.

Recordó que el uso de programas sociales con fines electorales ya es considerado un delito grave, lo que significa que si se inicia un proceso penal en su contra, tendrán que enfrentarlo desde la cárcel.

“En congruencia con el compromiso de hacer realidad esta auténtica democracia que estamos construyendo, estamos procesando doce denuncias en contra de diez delegados estatales de programas para el desarrollo”.

“Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, indicó durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Sobre Carlos Lomelí informó dos de sus empresas (Lomedic y Laboratorio Solfran) fueron inhabilitadas por dos años y medio en los que no podrán ser contratadas por los gobiernos de todos los niveles; también se les aplicaron multas moratorias. Además, añadió, el ex súper delegado participó ayer en una audiencia, pues también se le investiga como persona.

A pregunta expresa, Irma Eréndira Sandoval precisó que no existe alguna investigación contra Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo. “No que yo tenga información al respecto”, indicó en entrevista posterior a su comparecencia.

Los diputados del PAN portaron máscaras de Manuel Bartlett y colocaron una manta en el centro de la tribuna de San Lázaro, en demanda de que la secretaria ofreciera resultados de la investigación abierta contra el titular de la CFE, por presuntamente no declarar una veintena de casas. En respuesta, la funcionaria aseguró que, si bien, no hay “intocables” en esta administración tampoco se puede perseguir a alguien “a priori”.

¡Siempre si! Gobierno de México presenta denuncias por la ‘Estafa Maestra’ y la Casa Blanca

El Gobierno de México ha presentado ante la Fiscalía General de la República 33 denuncias por hechos probablemente constitutivos de delito, que incluyen los casos conocidos como la Estafa maestra, que involucra a la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, y la del caso de la Casa Blanca, relacionado con el ex presidente Enrique Peña Nieto, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Como parte del anexo correspondiente al Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se detalla que los hechos denunciados podrían afectar los intereses de la Federación, lo que representa 55.93% de efectividad de cumplimiento.

Además se sabe que de los recursos presentados uno es por daño en propiedad ajena, veinte por enriquecimiento ilícito, cuatro por convenios relacionados con la Estafa maestra, cinco por convenios celebrados con instituciones públicas educativas, uno de Presidencia, uno de la Casa Blanca y una denuncia por el caso Ayotzinapa.

Asimismo atendieron 158 requerimientos de información y documentación formulada por diversas unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, Órganos Internos de Control, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, autoridades Ministeriales y Judiciales, los cuales fueron atendidos.

Detallan que para combatir las causas y efectos de la corrupción, el gobierno de México ha emprendido una campaña para abatir el rezago en los procedimientos de quejas y denuncias, de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de sanciones a proveedores y contratistas.

De las acciones realizadas del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, agrega que se recibieron 20 mil 504 denuncias por corrupción o faltas administrativas en toda la APF; se han concluido 3 mil 536 investigaciones y permanecen abiertas 16 mil 387. “Esto representa un incremento de 38% en el número de denuncias recibidas respecto al periodo comprendido entre diciembre de 2017 y junio de 2018”.

No es asunto menor: DIF Tabasco

15 MARZO 2014

La Agenda Setting

No es asunto menor: DIF Tabasco

El trabajo del Desarrollo Integral de la Familia sin duda que es importante en todo el país, en estos tiempos la familia debe ser un espacio de paz, apoyo, formación, y bienestar. Las directrices que marca el DIF Nacional, se basan en conducir políticas públicas en materia de asistencia social que promueven la integración de la familia. También, promueven acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Por eso ante lo importante que resulta el trabajo de los sistemas DIF en todo México y ante cualquier posibilidad de mancha, señalamientos de corrupción, denuncias públicas y/o ante las autoridades correspondientes, todas éstas deben ser investigadas a fondo porque la sociedad demanda una respuesta inmediata y contundente ante posibles casos de corrupción.

La denuncia que pone sobre la mesa el abogado Mario Llergo sobre la complicidad con funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado de Tabasco con la empresa Empacadora Brissa S.A. de C.V. sin duda debe ser tomada en cuenta y en serio. ¿Cómo entender que a un mes de haber sido creada dicha empresa ha sido beneficiada con contratos para proveer paquetes alimentarios por más de 20 millones de pesos específicamente para el DIF Tabasco? Dos contratos que amparan la venta de paquetes alimentarios menores de cinco años en riesgo no escolarizado y para el programa de sujetos vulnerables.

La ahora famosa empresa Brissa se encuentra a nombre de Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, quien es el administrador único de acuerdo al acta constitutiva presentada a medios de comunicación y que da puntual cuenta en su edición de ayer el Heraldo de Tabasco. Juan Antonio Rioja es concuño de Sergio Eduardo Pulido Pérez, Director de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información Pública del DIF Tabasco, y quien además funge como segundo vocal del Comité de Compras de esa institución. ¿Cuál es el problema? Ni más ni menos que ese Comité de Compras del DIF estatal fue quien llevó a cabo todo el procedimiento administrativo hasta declarar ganadora a dicha empresa.

En un país como México donde la organización Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción coloca a nuestro país como uno de los países más corruptos en el ranking global, -esa medición que nos gusta pero que debemos aceptar donde se constata la percepción de la corrupción en cada país- estos asuntos no deben pasarse por alto. Históricamente las denuncias que ocasionalmente realizan las autoridades en contra de presuntos actos de corrupción muestran que las prácticas de soborno, peculado y desvío de recursos se mantienen. Sin duda es positivo que para que el tema no se quede en lo mediático, Mario Llergo presente la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que sea esa dependencia quién deslinde responsabilidades por el presunto mal uso de los recursos públicos y que son del orden federal.

Si el actual Gobierno de Tabasco quiere ser percibido como una administración diferente, en verdad debe demostrar que para nada permitirá que sus funcionarios se involucren en casos de corrupción. Peor aún tomar decisiones tibias o mediocres alentará la percepción de que nada ha cambiado con el famoso gobierno del cambio. La separación de los cargos de los funcionarios involucrados sería la primera medida inmediata que debió ser tomada y que para estos momentos, ya luce tardía. Cuánto más tiempo tarden en reaccionar, más alto será el costo político que asumirán no sólo los funcionarios sino quienes encabezan el DIF y el Gobierno Estatal… y ese parece ser un lujo que no se pueden permitir porque en Tabasco en el tema de la corrupción, el horno no está para bollos.

Así es Canito tienes razón, el tema de la empresa Oceanografía ha desatado los demonios internos en el Partido Acción Nacional. Como estarán los intereses al interior del blanquiazul y esa empresa de los hijos de Marta Sahagún que el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado calificó una investigación sobre corrupción al interior de Oceanografía como un tema usado para presionar a su partido, motivo por el cual han dejado las discusiones de las leyes secundarias de la Reforma Energética. ¿Tanto representa la empresa para el PAN que deciden paralizar el país? No. La realidad es la lucha del poder entre el grupo que encabeza el ex presidente Felipe Calderón y el grupo de Gustavo Madero en una diferente arena: la arena del financiamiento y los negocios al amparo del poder público. Les comparto nuestro correo electrónico: jordymx@hotmail.com y en twitter nos puedes encontrar como: @Jorge__Leyva 

Extrañamientos a CFE Conagua y Tabasco por recomendación 61/2011

24 abril de 2013

La Agenda Setting

Extrañamientos a CFE Conagua y Tabasco por recomendación 61/2011

Jorge A. Leyva     

El 10 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió sobre el caso de las inundaciones en el Estado de Tabasco, una recomendación dirigida a la Comisión Nacional del Agua. En ese entonces su titular, José Luis Luege Tamargo no aceptó la recomendación esgrimiendo un insostenible argumento, que más que atender razones de peso, atendía razones políticas. El director de la Conagua estaba metido en su carrera por ser jefe de gobierno del Distrito Federal y buscando la candidatura del Partido Acción Nacional. Por eso a finales del 2011 Luege tomaba la decisión de rechazar la recomendación de la CNDH bajo la endeble tesis de que las inundaciones ocurridas en la planicie tabasqueña en agosto de 2010, fueron provocadas por las lluvias atípicas que se precipitaron en la zona desde junio del mismo año -como según dijo-, quedó demostrado con información del Servicio Meteorológico Nacional.

Curiosamente muchos piensan que la recomendación de la CNDH estaba dirigida exclusivamente a la Comisión Nacional del Agua; pero no, también alcanzaba al Gobierno de Tabasco, a los ayuntamientos del Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalapa de Méndez y Nacajuca. Ahora el tema toma relevancia porque la Comisión de Protección Civil del Senado de la República emitirá sendos extrañamientos al Gobierno de Tabasco, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de la Función Pública y a las alcaldías mencionadas, por omitir la entrega de información sobre daños que sufrieron tabasqueños  en las inundaciones registradas de 2007 a 2012.

Héctor Yunes Landa senador veracruzano quién preside la Comisión de Protección Civil en el Senado ya adelantó que compete a dichas autoridades la cumplimentación de la recomendación No. 61/2011. Esto como respuesta a que el cinco de diciembre de 2012 recibieron diversas solicitudes planteadas por ejidatarios, delegados municipales, pequeños propietarios y asociaciones civiles de varias localidades para que se les otorgue una indemnización por los daños derivados de fenómenos naturales y deficiencias que advierten en la realización de obra pública. Ante este panorama la Comisión de Protección Civil solicitó al Gobierno de Tabasco, a la CFE, a la Conagua, a Petróleos Mexicanos y a la Función Pública información sobre el diagnóstico de las causas de inundaciones y daños a la población.

El problema es que sólo Pemex entregó información al Senado y respondió que de los informes que obran en poder de Petróleos Mexicanos, se advierte que no existieron afectaciones por derrames de hidrocarburos, por lo que no hay lugar a ningún tipo de indemnización a particulares en lo que corresponde a la paraestatal. De los demás entes públicos nada se supo. Por eso desde el Senado de la República, la Comisión de Protección Civil ya tiene listos los extrañamientos a la CFE, a la Conagua, a las alcaldías de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalapa de Méndez, Nacajuca y al Gobierno del Estado de Tabasco por la recomendación 61/2011. El tema da para más.

Así es Canito tienes razón, el salpicadero está a todo lo que da en Veracruz. Después de la denuncia del candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez sobre el supuesto uso electoral de programas de la Sedesol en esa entidad lo que llevó incluso a pedir la cabeza de Rosario Robles y poner en jaque el Pacto por México; ahora circulan audios que involucran a Yunes Márquez en el supuesto uso del programa Oportunidades con fines electorales. Siete funcionarios de Sedesol ya cayeron. No son los únicos. La pregunta es ¿Cuántos más caerán? Les comparto nuestro correo electrónico: jordymx@hotmail.com y en twitter nos puedes encontrar como: @Jorge__Leyva