24 AGOSTO 2013
La Agenda Setting
Una cosa es la publicidad oficial…
Jorge
A. Leyva
La
publicidad oficial es un tema que tiene importancia por aspectos relacionados con
la transparencia, la reforma de telecomunicaciones, la deuda de estados y municipios,
los procesos electorales, la transparencia y la rendición de cuentas, entre
otros. Vía la publicidad gubernamental se difunden el alcance y los beneficios
del trabajo de la administración pública en los tres órdenes de gobierno. No
tiene nada de raro. Al contrario tan son legales y legítimos que son un rubro
contemplado en los presupuestos públicos. ¿Dónde viene el problema? Básicamente
radica en que los los medios de
comunicación presentan variaciones en las tarifas. Por eso la propuesta de una
instancia autónoma y ciudadana para medir el gasto es importante. Particularmente
cuando el gasto social en comunicación social aumentó en estados y federación
en los últimos años; tal y como está documentado en el reporte “Mirada Legislativa”
número 21 publicado en julio del 2013 pblicado bajo el nombre: Supervisión
ciudadana de publicidad de gobierno en medios de comunicación que recién
publicó el Senado de la República.
El
presidente Enrique Peña Nieto fue el primero en poner el tema en el análisis en
su compromiso número 95 del Pacto por México que refiere “se creará una
instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad
de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación”. Pero ¿Cómo estamos
en comparación de otros países? Veamos:
En
Argentina la Fundación Poder Ciudadano señaló que en 2010 los diferentes
órdenes de gobierno gastaron en publicidad oficial 13,559 millones de pesos
argentinos (aproximadamente 31,823.4 millones de pesos mexicanos), de los
cuales 90% correspondieron a anunciantes privados y gobiernos de las
provincias; 9% al gobierno de la nación y 1% al de la ciudad de Buenos Aires. La
organización alertó sobre la falta de transparencia para obtener dicha
búsqueda, ya que las instancias utilizan diferentes parámetros para difundir su
material de comunicación social, parcialidad en los datos o rehúyen la
obligación constitucional de acceso a la información.
En
Canadá la Communication Policy of the Government of Canada es la agencia
estatal de regulación sobre publicidad. Entre sus funciones destacan la
promoción de información acorde con las necesidades de la ciudadanía, anuncios
en los dos idiomas oficiales, respeto a los derechos públicos, monitoreo,
prohibición de lemas de partidos políticos en la publicidad gubernamental y
suspensión de campañas estatales de difusión en temporada de procesos
electorales.
En
España la Ley 29/2005 de publicidad y comunicación social regula las
disposiciones sobre la difusión de los gobiernos españoles. La ley enfatiza
prohibiciones y requerimientos para su contratación además de ajustarse a cánones de información veraz,
interés público, igualdad, no discriminación, lealtad institucional
transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto.
En
Perú la Ley 28.874 de 2006 detalla los aspectos relativos a la publicidad
estatal del Perú. Esta normatividad establece “los criterios generales para el
uso de los recursos que las instancias del Gobierno Nacional, gobierno regional
y gobierno local, destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y
televisión”. Además de vigilar la racionalidad y transparencia en la
contratación de estos servicios con dinero público.
En
Uruguay a finales de 2012 el presidente José Mújica declaró que analiza un
decreto a fin de regular la publicidad oficial. La medida obedece a la disparidad
de material de comunicación social que se distribuye y otorga por medios en
Montevideo (95%) en perjuicio de las agencias del interior (3%)
Como
podemos ver el tema es mundial, las regulaciones son muy diversas pero en
general pasan por la publicación de información socialmente útil, información
que debe fortalecer la formación de criterio y en general, ayuda a la sociedad
a tener un panorama del trabajo que se desarrolla en los tres niveles de
gobierno. Sirve pues de enlace entre los gobiernos y la ciudadanía. Por eso no
podemos soslayar el acuerdo del Pacto por México que impulsa entre sus cinco diferentes
acuerdos la gobernabilidad democrática, incluyendo el uso de medios por parte
de las instancias de gobierno. El compromiso número 95 es claro, insisto, el crear
una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad
de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación, por lo menos a
nivel nacional en esa ruta se está caminando. Les comparto nuestro correo
electrónico: jordymx@hotmail.com y en twitter nos puedes encontrar como:
@Jorge__Leyva
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