17 MAYO 2014
La Agenda Setting
Nuevas reglas, nuevo árbitro: mismos
políticos
¿De qué sirve que tengamos nuevas reglas y nuevo
árbitro si tenemos los mismos políticos de siempre? Me decía un amigo
empresario que más allá de colores partidistas me comentaba la gran suspicacia
que le generan las nuevas leyes electorales, me refiero a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos
Políticos. Y no sólo sino que además los legisladores modificaron tres normas
vigentes: la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ¿De qué trata
todo esto?
De inicio tenemos nuevo árbitro, por lo menos en
el papel. El Instituto Federal Electoral después de más de veinte años
desapareció aunque muchos advierten que sólo le cambiaron de nombre y
aumentaron el número de consejeros. Pero en los hechos el nuevo árbitro semicentraliza
las elecciones locales, se le dota de facultades como la atracción de comicios muy
cuestionados y se avanza en el tema de la fiscalización de recursos de campañas
políticas. Incluso se promovieron cambios en la conformación del consejo
general del nuevo instituto electoral y de los órganos estatales. Tampoco
podemos olvidar que en la reforma aprobada en febrero del 2014 se adelanta la
fecha de las votaciones de julio a junio. Bueno pues los diputados y senadores
especificaron que para las elecciones del próximo año, el comienzo del proceso
electoral se mantendrá para este octubre próximo por única ocasión y
posteriormente en los subsecuentes procesos electorales el inicio se recorrerá
a septiembre del año anterior a los comicios a realizarse.
La nueva ley permite ya las candidaturas
independientes. Se establecen las reglas y porcentajes de firmas de electores
que deberán cubrir los candidatos independientes para los cargos a nivel
federal. No hay un límite de candidatos independientes para las elecciones de
presidente, senadores y diputados. Un candidato independiente sólo recibirá
financiamiento público y tiempo en medios hasta que se apruebe su registro.
Donde el debate se puso sabroso –como dicen en mi pueblo- fue en el tema de las
candidaturas comunes. Un tema que para el PRI es casi un tabú. Si bien los
priistas lograron que para la presidencia de la república, senadores y diputados
federales no se incluya dicha figura, dejaron la vía libre para que –como
querían el PAN y el PRD- en los estados de la república cada congreso local decidan
si se permite ese tipo de candidaturas. Los partidos conservarán la posibilidad
de aliarse por medio de coaliciones. Aumentan los requisitos legales e incluso
se agrega la obligatoriedad de que los candidatos de dichas coaliciones se comprometan
a seguir una misma plataforma política.
Se les resta poder a los gobernadores de los
estados. La nueva norma aprobada faculta al nuevo Instituto Nacional Electoral
para que nombre a los consejeros electorales de los institutos electorales locales.
¡Y los consejeros locales deberán actuar correctamente! Y es que los consejeros
del INE también tienen facultades para remover a los consejeros electorales de
las entidades, quienes deberán evitar conductas que atenten contra la
independencia e imparcialidad de la función electoral, tener notoria negligencia,
ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, entre otras directrices
que marcaron ya los legisladores federales.
¿Y los que califican la elección? También se
modifica la estructura del poder judicial electoral. Los magistrados
electorales de las entidades serán elegidos en el Senado por dos terceras
partes de los senadores, quienes evaluaran los perfiles y emitirán la convocatoria
correspondiente. Estos funcionarios revisarán las decisiones de los institutos
locales electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conserva
la Sala Superior, pero también habrá siete salas regionales, anteriormente eran
cinco. Se crea una nueva sala especializada en resolver las quejas urgentes de
los partidos, los denominados procedimientos especiales sancionadores; pero con
la salvaguarda de que estos fallos pueden ser impugnados ante la Sala Superior,
si un partido político queda inconforme con la resolución.
¡Y los ciudadanos seguiremos pagando las
elecciones! La principal fuente de recursos de las fuerzas políticas seguirá
siendo el dinero público, administrado por el Instituto Nacional de Elecciones calculado
con base a los votos que obtenga cada instituto político. Los partidos también podrán
recibir financiamiento privado en dos modalidades, ya sea por aportaciones o
cuotas de sus militantes y por donaciones de simpatizantes. Se establecen los
límites. Como verá amable lector aunque hay cambios notables, algunas cosas aún
son perfectibles. El problema es que nunca falta quien quiera darle la vuelta a
lo que marca la ley. Por eso aún con nuevo árbitro y nuevas reglas, si seguimos
teniendo a los mismos políticos de siempre -como me decía mi amigo empresario-,
este país difícilmente cambiará. Les comparto nuestro correo electrónico:
jordymx@hotmail.com y en twitter nos puedes encontrar como: @Jorge __Leyva
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