Andrés Manuel López Obrador, anunció que se pospondrá la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes por corrupción y que estaba prevista para el 21 de marzo, hasta que se reforme el marco legal de los referéndums “porque no tenemos todavía la reforma del 35 constitucional”.
El presidente dijo que el Congreso deberá reformar el artículo que regula las consultas populares para que se facilite su convocatoria y, entre otras cosas, levantar el requisito que obliga que estos referendos coincidan con la fecha de las elecciones.
“Cuando tengamos la reforma del 35 constitucional”, señaló López Obrador al ser preguntado sobre qué fecha definitiva baraja para la celebración de la consulta. Sea como sea, el presidente se comprometió a que los mexicanos que viven en el exterior puedan votar en esta consulta: “Tienen todos sus derechos, tienen que participar y claro que van a participar; tenemos que ver la forma”.
Con esta consulta, el Gobierno quiere preguntar a la ciudadanía si se debe investigar y, en su caso, enjuiciar por corrupción a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Todos ellos gobernaron con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o con el Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente se encuentran en la oposición.
López Obrador había prometido en campaña enjuiciar a sus antecesores, idea que desestimó al ganar los comicios del 1 de julio de 2018 y que, finalmente, someterá a consulta. El presidente también había anunciado para el 21 de marzo una consulta popular a fin de que la ciudadanía decidiera si crear la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad pública que integre policías y militares.
Sin embargo, el Congreso de México y la mayoría de asambleas legislativas estatales ya han validado la reforma constitucional para la creación de este organismo, que pronto será promulgada por el presidente. Todavía como presidente electo, López Obrador hizo una consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y otra sobre proyectos sociales y de infraestructuras. Ambas consultas fueron muy criticadas por estar organizadas por agrupaciones cercanas a López Obrador sin ningún tipo de verificación independiente y con una baja participación.
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