Finalmente Morena cedió en el Senado de la República y la Guardia Nacional tendrá un mando civil, no militar como lo propuso inicialmente Andrés Manuel López Obrador. Morena ha cedido a la presión de la oposición dentro y fuera del Congreso. Las manifestaciones de la sociedad civil denunciaban que la creación de la Guardia Nacional, una reforma Constitucional mediante, profundizaba la militarización de la seguridad pública en México. El partido en el Gobierno se resistía a hacer modificaciones y al final ha accedido a modificar una de las piezas más importantes de la reforma. Todo en el marco de fuertes críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta había adelantado que no va a aceptar una simulación que no resuelva problemas.
Ahora según lo acordado con las distintas fuerzas políticas en el Senado, la nueva fuerza de seguridad estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional. Para la oposición, este punto es clave, pues rebaja el peso del Ejército en el nuevo cuerpo. 127 de 128 senadores votaron a favor el acuerdo que contempla crear la Guardia Nacional con un mando civil, sin la figura de un Estado Mayor y sujeta al control y evaluación del Poder Legislativo.
También se fijó una temporalidad de cinco años para el retorno de las fuerzas armadas a los cuarteles y se eliminó la posibilidad de que los elementos contaran con fuero. Durante ese periodo se adiestrarán a los integrantes civiles de esta Guardia Nacional y se capacitará a las policías estatales y municipales a fin de facilitar que las Fuerzas Armadas salgan de las tareas de seguridad pública. Asimismo los elementos de la Guardia que sean militares y que incurran en algún exceso o ilícito serán juzgados por tribunales civiles. El armamento que use la nueva corporación no podrá ser el mismo que utiliza el Ejército y la Marina.
El acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas respeta la autonomía de los estados en materia de seguridad pública, pues la presencia de la Guardia Nacional sólo será a petición de los gobernadores o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Adicional, se fijó un plazo de 90 días para la aprobación de las leyes secundarias; como la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley de Guardia Nacional; Ley Nacional de Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que el proyecto modificado se acordó por unanimidad. Ahora el acuerdo va de vuelta a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. En enero, la cámara ya aprobó la reforma, pero los cambios impulsados en el Senado obligan a los legisladores de la Cámara Baja a votarla de nuevo.
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