El papa Francisco levantó las reglas de secreto pontificio que rigen los casos de abusos sexuales, anunció el Vaticano este martes. La medida permitirá a la Iglesia entregar documentos relacionados con casos de abuso sexual a las autoridades civiles. Las ramas de la Iglesia católica ya lo hacen en muchos países, pero la práctica no es universal.

"Se trata de una norma histórica que elimina obstáculos e impedimentos", reaccionó monseñor Charles Scicluna, secretario general adjunto para la Congregación de la Fe y considerado el mayor experto de pederastia en el Vaticano.
El levantamiento del "secreto pontificio" en las investigaciones de abusos sexuales era una exigencia clave realizada por líderes eclesiásticos como Scicluna y el cardenal alemán Reinhard Marx en una cumbre sobre abusos sexuales celebrada en el Vaticano en febrero.
El papa entierra el secreto pontificio para estos casos con una normativa de 5 artículos titulada "Instrucción sobre la reserva de las causas". Abolir el secreto pontificio también permitirá a las víctimas ser informadas del resultado de sus casos en el Vaticano. "No puede imponerse ninguna obligación de silencio sobre los hechos encausados al denunciante, a la persona que afirma haber sido perjudicada y a los testigos".
La declaración especial del Papa, llamada Rescripto, no cambia las reglas de privacidad en torno a la denuncia de abusos sexuales o juicios vaticanos de presuntos abusadores. Según argumentaron Scicluna y Marx, el secreto en casos de abuso sexual a menores está anticuado y algunos funcionarios eclesiásticos se esconden detrás de él en vez de cooperar con las autoridades.
Scicluna dijo que las normas abren nuevas formas de comunicarse con las víctimas y cooperar con el Estado. "Ahora ese impedimento —si podemos llamarlo de esa manera— ha sido levantado y el secreto pontificio ya no es una excusa", agregó.
El "secreto pontificio" se refiere a la confidencialidad en el manejo judicial de los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes y otros delitos graves de este tipo. La norma, que entrará en vigor inmediatamente, facilita la colaboración concreta con los Estados donde hay mandatos judiciales, precisó.
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