
“Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, quedó establecido en la Ley.
De acuerdo al artículo 1 de la Ley Reglamentaria de los artículos 75 y el 127 de la Constitución Política, la normativa será aplicable a los tres poderes de federales, fideicomisos, así como a los órganos desconcentrados y autónomos.
Además de eliminar las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley, se castigarán los pagos no autorizados, bajo el delito de “pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”. Dicho delito será sancionado desde con 500 veces el salario mínimo, hasta con 14 años de prisión y una multa de 3 mil veces el salario mínimo, según las modificaciones a artículos del Código penal Federal. Ahora pasará al Senado para su discusión y posterior aprobación.
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