La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a municipios a no imponer medidas como la Ley Seca, ni impedir el libre tránsito para frenar los casos de contagio de Covid-19, al asegurar que “se han ido por la libre” y han impuesto medidas que no han sido autorizadas por el Consejo General de Salubridad.
La funcionaria expuso que el país no se encuentra por el momento en un estado de “excepción”, sino que sólo ha invitado a hacer confinamiento. Sánchez Cordero también dijo que se ha comunicado con varios ediles que han cerrado sus fronteras, pero los ventiló al decir que lo toman como “un llamado a misa” y han hecho caso omiso a las peticiones del Gobierno federal.
“Se ha invitado al autoconfinamiento, que es muy distinto. Pero aun así no estamos en un Estado de excepción, sino de emergencia sanitaria, que es muy distinto”, señaló. En videoconferencia, la encargada de la política interna del país añadió que mantiene contacto constante con las autoridades estatales y municipales.
“He estado hablando constantemente con los gobernadores, constantemente con los presidentes municipales, con las presidentas municipales, diciéndoles que no pueden cerrar sus municipios. Que no se ha considerado el tránsito, sino que la libertad de tránsito de las personas… sin embargo han hecho caso omiso del llamado a misa de la Secretaría.
Sánchez Cordero llamó a estados y municipios no restringir el libre tránsito, como han hecho algunos pobladores en carreteras del país para evitar que turistas entren a sus territorios; ya que, aseguró, es una emergencia sanitaria y no un Estado de excepción.
López Gatell: No se deben violar garantías individuales
En el mismo sentido se pronunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien descartó que el Gobierno federal tenga “intención alguna de militarizar la intervención sanitaria o de usar la fuerza pública hacia los ciudadanos”.
“Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas”. El funcionario federal explicó “desde un punto de vista técnico de la salud”, el uso e la fuerza pública “no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública”.
