15 DE NOVIEMBRE DE 2014
La Agenda Setting
Por Jorge Leyva
El gabinete de seguridad no ayuda al Presidente
Sin duda que los lamentables acontecimientos ocurridos el pasado 26 y 27 de septiembre pusieron en evidencia la grave crisis que enfrenta el estado de Guerrero no sólo por la expansión del crimen organizado, sino por el número delitos de alto impacto que se cometen a diario y la falta de respuestas eficaces de las autoridades municipales, estatales y federales para combatir la violencia e inseguridad, lo cual ha conllevado que los derechos humanos de los guerrerenses se vulneren día con día. Pero el tema va más allá de Guerrero. Los recientes hechos de violencia en varias partes de México parecen más que una manifestación válida y justa, una serie de acciones sistemáticas, organizadas para intentar desestabilizar al Gobierno Federal.
Es cierto que estado de Guerrero vive un deterioro en materia de seguridad pública que se hizo evidente con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl “Isidro Burgos” Ayotzinapa y el asesinato de seis personas. Estos hechos no son coyunturales, sino que tiene como antecedente una larga cadena de violación a los derechos humanos en el estado de Guerrero. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicados en el documento Mirada Legislativa del Senado de la República; en lo que va de 2014 Guerrero se ubica como la segunda entidad con el mayor número de homicidios dolosos y la sexta en secuestros y la doceava en extorsiones.
El tema de la violencia en el estado de Guerrero, se advierte que deriva de la presencia de los grupos del crimen organizado quienes operan en el estado, sus efectos en el incremento de los homicidios, su infiltración en los cuerpos de seguridad, la reactivación de los grupos insurgentes y el desplazamiento de la población de sus comunidades de origen que han sido parte primordial del caldo de cultivo que detonó al final lo que se sabe pero que, oficialmente no ha sido concluido: la muerte de los 43 estudiantes normalistas.
Y si bien el tema es delicado y nos indigna a todos, la muerte de un policía antimotín en Acapulco, la quema de instalaciones partidistas como las del PRI en Chilpancingo, de oficinas públicas como la alcaldía de Iguala y más recientemente la de la denominada puerta mariana en Palacio Nacional son muestras de la desestabilización de grupos ajenos a los familiares de los normalistas desaparecidos quienes también se han sumado al rechazo público de esas actividades que van desde la toma de casetas en las carreteras del país a manifestaciones radicales de gente embozada, que ataca lo mismo camiones repartidores, negocios establecidos o centros comerciales.
Ya no se trata de pedir justicia por lo ocurrido, se trata visiblemente de intentar desestabilizar el país, la gobernabilidad, las instituciones, trastocar el orden público. Los grupos radicales de extrema izquierda o grupos subersivos que se frotaban las manos con un tema como el de Ayotzinapa, que ha causado gran indignación en la ciudadania y con justa razón ha sacudido al país, se ha convertido en una gran bandera para quienes soñaban con levantamientos armados. Ayotzinapa ha sido el pretexto perfecto para quienes ocultos en el anonimato -por mucho tiempo-, ahora salen embozados a realizar acciones radicales que nada tienen que ver con la justa exigencia de justicia para los padres y familiares de los estudiantes normalistas de Iguala. Incluso grupos de poder que ven en la coyuntura un momento para montarse en el tema y provocar incertidumbre. ¿Y los encargados de la seguridad donde están? En ese marco el gabinete de Seguridad debería estar haciendo mucho más para cumplirle al presidente Enrique Peña Nieto.
¿Cómo es posible que personas con sus rostros cubiertos y armados con machetes, bombas molotov, palos y picos intenten tomar una instalación estratégica como el aeropuerto internacional de Acapulco y nadie haga algo? Bajo la bandera de Ayotzinapa han salido grupos organizados para delinquir, con una actitud indolente y sumisa tanto de autoridades locales como federales. La lenta o escasa actuación de los cuerpos de seguridad en el País ante este tipo de situaciones violentas que nada tiene que ver con los normalistas desparecidos genera la especie de tibieza en el Gobierno Federal. No se trata de reprimir los reclamos sociales, esos son válidos. Pero cuando se trata de saqueos, robos, quemas, anarquía, entonces los encargados de seguridad caen en omisión cuando se trata de salvaguardar la paz y el orden público. Cada vez es más visible que este gabinete de seguridad no le esta rindiendo los resultados esperados al presidente Enrique Peña Nieto y lo peor es que le están pasando ya la factura al Jefe del Ejecutivo al que le cuelgan o intentan colgarle todos los milagritos en este lamentable tema de los normalistas desaparecidos. ¿Es una gran crisis? Sin duda, pero hasta no ver al ex gobernador Angel Aguirre Rivero y toda la camarilla de autoridades omisas en el tema rindiendo cuentas, la permisividad de los cuerpos de seguridad y la falta de justicia seguirán avivando el fuego de este asunto que si bien no se ha salido de las manos… está en la ruta. Les comparto nuestro correo electrónico: jordymx@hotmail.com y en twitter nos puedes encontrar como: @JorgeLeyva_
