28 mayo
2013
La Agenda
Setting
Que la deuda pública sea verdaderamente pública
Jorge A. Leyva
Ha sido todo un tema el
asunto de las deudas de los Estados, sin duda poco a poco ha venido tomando los
primeros planos en los temas de la agenda en México. Este fin de semana, el Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de
Hacienda entregar en copias simples o certificadas la información sobre la
deuda de estados y municipios de los años 2000 a 2012. ¿Qué motivó esta
decisión? Veamos:
Un particular solicitó
diversos datos entre ellos la fecha en la que se contrajo la deuda pública con
instituciones crediticias, el monto del adeudo, el plazo contratado, la tasa y
el nombre de los acreedores a la Secretaría de Hacienda, pero la dependencia contestó
que no podía facilitarle la información en electrónico, sólo mediante una consulta
física. Pero la SHCP olvidó un pequeño detalle. ¡Son más de cuatro mil 506
fojas! En términos coloquiales, Hacienda le quiso aplicar la aburridora. El asunto
no terminó ahí. Posteriormente se presentó un recurso vía el IFAI, donde se dictaminó
que, la dependencia federal debería entregar las Cédulas de Inscripción del
Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y
Municipios, en la modalidad de archivo electrónico.
Más que ocultar
información, hay que decir en honor a la verdad, que mientras la Ley prohíba
dar a conocer los detalles financieros poco se podrán se avanzar. Hoy por hoy los
datos que poseen los bancos relativos a las entidades públicas están protegidos
por el secreto bancario. Curiosamente en aras de la transparencia y la
rendición de cuentas, no se entiende como la ley hoy no permite conocer la
deuda pública contraída por Estados y Municipios; sucede que la deuda pública
no es precisamente pública ¡Que contradicción!
 |
| El senador Mario Delgado |
En México la
transparencia -como muchos otros temas- transita en sentidos opuestos. Mientras
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
va en un sentido, la Ley de Instituciones de Crédito en lo que toca a los entes
públicos va en otro. Como bien expresó recientemente el senador perredista
Mario Delgado: el secreto bancario no debe ser aplicable a las deudas de
estados y municipios. Tanto Hacienda como la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, deben proporcionar la información al detalle de toda la deuda
solicitada bajo el amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental precisamente por ser de interés público. ¿O que ya se
olvidó que con nuestros dineros públicos se van a pagar esos empréstitos
contratados?
En verdad que ante los
crecientes endeudamientos de los estados y municipios de todo México, deberían
revisarse a fondo los ordenamientos legales. Y es que por más que se le busque,
el secreto bancario no debe ser aplicable en operaciones de estados y
municipios al tratarse de recursos públicos, aun cuando la información
solicitada conste en contratos de crédito. Si la información se paga con los
ingresos tributarios de los mexicanos, luego entonces la deuda pública debe ser
de libre acceso. ¡Ah pero como les gusta darles vueltas a todo lo que tiene que
ver con deuda, su contratación y destino!
Así es Canito tienes
razón, parece que ya se olvidó pero no. El tema del manejo inescrupuloso de los
recursos en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET)
todavía debe ser aclarado. Aunque los temas en medios han tomado otro curso
localmente, no debemos de quitar el dedo del renglón. ¿Qué hace un arquitecto
como Agapito Domínguez Lacroix al frente de una institución de salud? Les
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