El fuero, sinónimo de impunidad

08 ABRIL 2017

La Agenda Setting

Por Jorge A. Leyva

El fuero, sinónimo de impunidad

Siempre pero ahora más recientemente, a raíz de diversos casos de corrupción de gobernadores y de sospechas de vínculos con organizaciones criminales de algunos legisladores, ha resurgido el debate sobre la  figura jurídica del fuero en la legislación federal y local. De hecho, en entidades como Jalisco, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Ciudad de México y Baja California ya fue eliminada, mientras que ha sido acotada en Morelos y Chiapas; aunque en todos estos casos solo aplica para delitos o procesos judiciales del ámbito local, no del federal.

El tema comenzó a cobrar una especial relevancia a nivel nacional a principios de 2016, cuando se difundió el caso de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, quien fue acusada de ingresar con documentos apócrifos al centro penitenciario de “El Altiplano” para visitar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Posteriormente, la eliminación del fuero en Jalisco y la entrada en vigor de las leyes secundarias de la reforma anticorrupción a mediados de julio de 2016, provocaron una ola de iniciativas para acotar o eliminar el fuero a nivel local: a finales de 2016 y principios de 2017, se han presentado al menos 34 iniciativas en la materia, que actualmente están siendo discutidas en veinte congresos estatales.

Aunque en el mundo se considera al fuero como una garantía de independencia de los parlamentarios y otros servidores públicos ante el acoso judicial, en años recientes ha sido caracterizada y percibida como un mecanismo de impunidad. Estudios de opinión pública ilustran esta percepción. Una medición de Parametría en 2010 sobre la materia, concluyó que siete de cada diez mexicanos no estaban de acuerdo con que se otorgara fuero a los legisladores; ocho de cada diez consideraban que era un privilegio usado para abusar de su cargo y cometer actos ilícitos sin poder ser juzgados. Únicamente uno de cada diez creía que se utilizaba como una garantía constitucional para la libre expresión de las ideas. Cinco años después, en noviembre de 2015, una encuesta en vivienda aplicada por Consulta Mitofsky reportó que 64% de los mexicanos están a favor de la eliminación del fuero y sólo 24% lo respaldan. 

Como sea, las iniciativas y reformas aprobadas sobre fuero, inmunidad parlamentaria y juicio político presentadas hasta ahora en el Senado, los congresos locales y en la Constitución de la Ciudad de México, responden a un entorno de desprestigio del servicio público ante los recurrentes casos de corrupción que se han registrado en años recientes y a un contexto de exigencia sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas del país. Las iniciativas y reformas presentadas hasta ahora -revela un documento del Senado de la República, realizado por el Instituto Belisario Domínguez- buscan no sólo eliminar el fuero sino en algunos casos darles claridad a procesos y acotar los alcances de estas figuras jurídicas.

En esa ruta deberán trabajar pronto los legisladores que deben responder y enfrentar el contexto de la exigencia ciudadana, valorando los objetivos originales de estas figuras jurídicas para el funcionamiento de la democracia y evitando la persecución judicial con intenciones de acoso político y, permitir la libertad de expresión de los representantes legislativos contando con un instrumento de control mínimo necesario del Poder Ejecutivo. El diseño de estos instrumentos también debe atender los conflictos potenciales que pueden surgir de la corrupción, la obstrucción de la justicia, la revelación de información clasificada y el abuso de poder. 

Son desdoro de que la eliminación de una de estas figuras o la transformación de su propósito original puede provocar desbalance entre poderes. Por ejemplo, en el caso del fuero, si este es eliminado podría facilitar la persecución política. Aunque hay un esfuerzo social e institucional por establecer fiscalías independientes en el país, a raíz de las reformas de justicia y de anticorrupción, este proceso no ha concluido concluido por lo que el riesgo de la persecución política no desaparece por completo. En lo que se re ere a la inmunidad parlamentaria, aunque sólo se ha propuesto acotar su funcionamiento a las sesiones de los congresos, los legisladores tienen funciones de representación también fuera de las sesiones, pero la discusión pública no sólo reside en el parlamento, también en los medios de comunicación y en las plazas públicas. Finalmente sobre el juicio político, si este deja de ser por causas graves y se substituye por criterios políticos interpretables por el legislador, es posible que se abran escenarios para golpes de Estado desde el Poder Legislativo. La precisión y acotamiento de estas figuras es recomendable incluso por lo que pueda contribuir a facilitar la aplicación de la justicia. Les comparto nuestro correo electrónico: jordymx@hotmail.com y en twitter nos puedes encontrar como: @JorgeLeyva_