Aplican la Ley Garrote en Tabasco, realizan primer desalojo

El Ejército y elementos de las policías estatales desalojaron a miembros de “pseudosindicatos” que desde hace cuatro años tenían “tarifada” la entrada a los pozos petroleros Terra 101 y Kenora en la comunidad indígena de Oxiacaque, municipio de  Nacajuca.

El gobernador Adán Augusto López Hernández informó que no tenía reportes de detenidos y que el operativo se realizó por denuncias presentadas por los afectados. Este es el primer desalojo tras la aprobación y entrada en vigor el 1 de agosto de las reformas al Código Penal de Tabasco – llamada “Ley Garrote”- para aplicar hasta 20 años de cárcel a extorsionadores.

Y de seis a 13 años de prisión, “al que extorsione, coercione, intenté imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local”.

El mandatario morenista dijo el problema persistía desde hace tres o cuatro años y había denuncias contra tres o cuatro pseudosindicatos que tenían “tarifada” la entrada de pipas, camionetas, maquinaria y vehículos de empresas privadas y de Pemex a esos pozos petroleros.

Manifestó que el operativo se realizó “sin contratiempos” por parte de un convoy del ejército y policías estatales, sin que se reportaran detenidos. Y que sabe a qué “pseudosindicatos” pertenecen los desalojados, pero que no podía darlos a conocer por respeto a las investigaciones en curso.

“Vamos a garantizar la libertad de emprender, la libertad de empresas, así como garantizamos el respeto a los derechos humanos, a la libre manifestación, también garantizamos el derecho al libre trabajo”, respondió el gobernador de Tabasco. Con Información de Proceso. 

Entra en vigor la Ley Garrote en Tabasco

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), ordenó la publicación en el Periódico Oficial del estado de la reforma al Código Penal, donde se establece una pena de hasta 20 años de prisión para quienes extorsionen a empresas públicas o privadas y obstaculicen las obras, por lo que hoy desde ya está en vigor.

El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, confirmó que en el portal oficial de la dependencia que encabeza fue publicada ayer la modificación al Código Penal de Tabasco. “Estamos listos para responder por los cauces legales a quien considere que se ha violado un derecho”, indicó.

Acusan de traición a los movimientos sociales

Por su parte, en la Ciudad de México, las fuerzas políticas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión señalaron que la llamada “ley garrote” criminaliza la protesta social y es una traición a los movimientos sociales. Estos señalamientos los emitieron miembros del PAN, PRI, MC y PRD; al rechazo se sumó el PES, que se reconoce como seguidor de la cuarta transformación.

La diputada María Rosete Sánchez (PES) dijo que su fuerza política “está en contra de este tipo de reformas” y señaló que la reforma será “traición a la sociedad de Tabasco”. En tanto, senadores y diputados de Morena justificaron -segun ellos- la modificación con señalamientos de que se castiga la extorsión en la realización de obras. “Estamos poniendo orden en casa”, indicó la diputada tabasqueña María de los Ángeles Huerta. 

Con cambios pero los diputados de Morena aprueban en Tabasco la Ley Garrote

Después de la crítica en medios de comunicación y redes sociales, el artículo que levantó la polémica a la llamada ley garrote fue modificado este día en el Congreso de Tabasco, para aprobarlo, esto entre protestas de opositores, aún cuando el gobierno estatal insiste en afirmar que está enfocado a la penalización de la extorsión.

Antes de la sesión, el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana, se reunió con legisladores para aclarar dudas o escuchar puntos de vista, e incluso, para mejorar la redacción de la propuesta, aunque legisladores de oposición finalmente abandonaron la sesión del Congreso local.

La discusión de la redacción del artículo 308 bis, el cual fue el centro del debate se prolongó por más de dos horas, e inconformidad de diputados del PRI que abandonaron la sesión antes de la votación, mientras la fracción del PRD votó dividida y Morena en favor del dictamen.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, Julia Pardo, la reforma no trata de penalizar la libre manifestación de los ciudadanos ni es contra la libre organización sindical.

El fin, dijo, es contra la extorsión a cambio de beneficio económico para unos cuantos que ocasionan atrasos en obras y retrasan las inversiones, pues en los artículos se señala que es contra quienes carezcan de facultad legal y se ostenten, como integrantes de un sindicato sin reconocimiento oficial.

Pero la priista, Ingrid Rosas, integrante de la Comisión, señaló estar en contra de la modificación porque el contenido del artículo 308 bis no tiene nada que ver con el delito de extorsión o delincuencia organizada.

En cambio expuso que sí se podrá aplicar en contra de cualquier marcha, protesta o manifestación no solo en alguna calle, sino en cualquier plaza bajo el argumento de impedir el libre tránsito de terceros, encuadrándolos en la pena y cárcel de uno a cinco años. Se trata, dijo, de una afrenta a los derechos humanos y un golpe al sistema democrático, pues no son cambios para beneficiar al pueblo sino para reprimirlo.

Del PRD, dos de sus integrantes votaron a favor, aunque la legisladora Dolores Gutiérrez, quien votó en contra, expuso que la reforma criminaliza la genuina protesta ciudadana. En lo general, la votación fue de 21 votos a favor de Morena, dos en contra del PRD y tres abstenciones.

Cárcel a quien proteste o realice marchas en Tabasco, "Ley Garrote" la iniciativa del Gobernador de Tabasco

El grupo parlamentario de Morena en Tabasco aprobó en comisiones legislativas del Congreso local una iniciativa que contempla sancionar hasta con veinte años de prisión a quienes realicen marchas y bloqueos en carreteras o impidan realizar obras públicas en Tabasco.

La iniciativa que fue enviada por el gobernador de Morena Adán Augusto López Hernández fue aprobada fast track con tres votos a favor y uno en contra que la Comisión de Seguridad Pública y Procuracíón Civil del Congreso de Tabasco que avaló modificar los artículos 299, 306, 307 y 308, así como adicionar el artículo 196 Bis, y del artículo 308 Bis del Código Penal de Tabasco que contempla la privación a la libertad para dichas infracciones.

Los legisladores de Morena consideraron que aumentar las penas de 10 a 20 años para quienes realicen los bloqueos es para “meter un orden”. Además, contempla que quienes sean servidores públicos y cometan estos delitos serán inhabilitados de cinco a 10 años.

La iniciativa, que será enviada al pleno este lunes para aprobarla en sesión extraordinaria fue duramente criticada en redes sociales y calificada por la oposición como “Ley del Garrote”.

Legisladores de oposición en Tabasco consideran que se pretende utilizar la iniciativa como pretexto “para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas”. Aseguran que quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho, o exigir un servicio creando una Ley anti marchas.