Bolivia parece caminar para superar la crisis que vive desde el pasado 20 de octubre. Este fin de semana se llegaron a acuerdos para pacificar el país andino después de semanas de conflicto en las calles que se han cobrado 32 muertos y la convocatoria de unas nuevas elecciones generales en una fecha por determinar.
La mesa de diálogo que dirige la Conferencia Episcopal con participación de la Unión Europea y la ONU alcanzó sus principales objetivos al propiciar un acuerdo de garantías y pacificación del país y otro para la celebración de los nuevos comicios tras el fraude electoral del 20 de octubre y la renuncia de Evo Morales a la presidencia por la presión social y de las Fuerzas Armadas.
Tras el acuerdo político, la Comisión de Constitución del Senado Boliviano aprobó la pasada madrugada un proyecto de ley de «régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales», que integra las propuestas presentadas por el Gobierno provisional de Jeanine Áñez y el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
Este mismo sábado el plenario del Senado ha aprobado por unanimidad el texto, que ahora pasa a su debate en la Cámara de Diputados hoy también. En el proyecto se autoriza a participar en los comicios a todas las organizaciones políticas registradas, incluido el propio MAS, pero prohíbe expresamente la candidatura de aquellos que hubieran sido reelegidos de forma consecutiva en dos periodos constitucionales anteriores, lo que excluye a Evo Morales y a su vicepresidente, Álvaro García Linera, ambos actualmente asilados en México.
El artículo 168 de la Constitución boliviana ya señala que «el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua», pero Morales se había valido hasta ahora de su control de las instituciones del Estado para ejercer un tercer mandato y aspirar a un cuarto.
El proyecto establece un plazo de 20 días a partir de la entrada en vigor de la ley para la designación por la Asamblea Legislativa de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deberán ser quienes convoquen las elecciones de 2020 dos días después de que tomen posesión. El TSE estuvo en el centro del fraude electoral del 20 de octubre que describió en una auditoría posterior la Organización de Estados Americanos (OEA) y, de hecho, su presidenta y varios vocales fueron detenidos por estas irregularidades.
Además, la norma propuesta para la celebración de las elecciones prevé un periodo de siete días para la inscripción de nuevos votantes en el censo electoral, actualmente formado por más de más de 7,3 millones de bolivianos residentes tanto en el país como en el extranjero.
Por otra parte, el Gobierno de Jeanine Áñez acordó con líderes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales la creación este sábado de una mesa de diálogo, con el objetivo de rebajar la tensión en las calles. En ella participarán líderes de la base social del expresidente Morales como Segundina Flores, Rodolfo Machaca, Fidel Surco y Juan Carlos Huarachi, con el objetivo de consolidar su desmovilización, según apunta el diario boliviano « La Razón».
La Defensoría del Pueblo ha registrado hasta ahora 32 víctimas mortales del conflicto desatado tras las elecciones del 20 de octubre, que se agravó con la dimisión y posterior salida hacia México de Evo Morales.
Las investigaciones forenses han encontrado proyectiles de varios calibres en cuerpos de fallecidos y heridos en operativos militares y policiales en Bolivia, sin que hayan determinado aún si corresponden a armamento utilizado por fuerzas de seguridad, informó este viernes una fuente oficial, según la agencia informativa Efe.
Esta misma semana, un alto cargo del Departamento de Estado de EE.UU. condenó «la violencia y el uso indebido de la fuerza» en Bolivia y abogó por que estas prácticas tengan «las consecuencias legales correspondientes».
La declaración de Áñez se produce dos días después de que Morales arribó a Argentina, donde el Gobierno del presidente Alberto Fernández lo recibió como refugiado, después de haber permanecido asilado un mes en México.
