La situación de la prensa en México ha empeorado en los casi cuatro meses que Andrés Manuel López Obrador lleva como presidente de ese país, periodo en el cual fueron asesinados seis periodistas, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Con el inicio de una nueva Administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la relación con los medios de comunicación se ha deteriorado considerablemente”, señala el informe sobre México presentado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en su reunión de medio año que se celebra en Cartagena de Indias (Colombia).
Según el informe, leído por la directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Martha Ramos, el Gobierno de López Obrador, que comenzó el pasado 1 de diciembre, ha tomado medidas que afectan la publicidad oficial en los medios sin explicar el plan o estrategia de comunicación social que sirvió de base para elaborar los presupuestos para el sector en 2019. La SIP también se refirió a la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), votada durante la Administración anterior y “que permite la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos”.
Esta ley fue criticada en su momento porque no contiene controles suficientes en materia de comunicación social, situación que fomenta el uso proselitista del dinero público”, añade el informe.
Igualmente, recuerda que el 29 de enero fueron publicadas en el Diario Oficial las bases para el registro y autorización de los programas de comunicación y de promoción y publicidad del Gobierno federal para el ejercicio de 2019, documento que no deja claros los criterios con los que se medirán audiencias, tiradas y penetración de medios para otorgar la publicidad oficial. La falta de claridad en este tema no ha sido el único escollo en el camino” de la prensa, indica el informe al hacerse eco de “una persecución vía auditoría fiscal por su línea crítica” denunciada por el periódico Reforma.
Al mismo tiempo, señala que reporteros que cubren “la mañanera” rueda de prensa diaria del presidente, “han sido convenidos a evitar preguntas fuera de tiempo”. Con relación a los periodistas asesinados en México desde que López Obrador está en la Presidencia, la SIP lamenta el silencio oficial y la impunidad que rodea los casos.
No ha habido pronunciamiento oficial alguno sobre los cinco periodistas asesinados desde que López Obrador tomó posesión pese a que combatir los crímenes contra periodistas fue promesa de campaña”, afirma. Entre los asesinados están el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, reportero de crónica roja y colaborador de diversos medios de comunicación en Nayarit, cuyo cadáver fue hallado en una carretera la mañana del 1 de diciembre de 2018, horas antes de que López Obrador asumiera el cargo. Fundador del medio digital Orión Informativo, Márquez “era sumamente crítico de funcionarios y servidores públicos locales”, agrega el informe de la SIP.
Otros asesinados en este periodo son Diego García Corona, reportero del semanario Morelos (6 de diciembre); Rafael Murúa Manríquez, director de una radio comunitaria en el estado de Baja California Sur (21 de enero), y Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, conductor del noticiero Nuestra Región Hoy, de la estación Oye 99.9 FM., en el estado de Tabasco (9 de febrero).
Completan la lista Santiago Barroso Alfaro, conductor del programa “Buenos días San Luis” en la radio Río Digital y director del diario digital RED 653 en San Luis Río Colorado, estado de Sonora (15 de marzo), y el periodista de deportes Omar Iván Camacho, cuyo cadáver fue hallado debajo de un puente en el municipio de Salvador Alvarado (Sinaloa), el 25 de marzo.
Ese mismo día López Obrador presentó el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero “este es el mismo sistema de protección que operaba desde el sexenio pasado”, aclaró la SIP.
En este período han sido asesinados seis periodistas. En un par de casos hubo detenidos, pero sin que se hayan hechos públicos los móviles del crimen. En otros casos, y como parece ser ya costumbre, las autoridades se apresuraron a descalificar a las víctimas por encima de fortalecer las investigaciones”, añade el documento.
